Las discográficas le reclaman 13 millones de euros en daños. ¿Su «pecado»? Haber creado un eficacísimo programa para bajar canciones de la red. Con el juicio contra Pablo Soto, que comienza el martes, el acoso a las descargas alcanza su clímax.
Hasta el pasado 5 de junio, la vida de Pablo Soto parecía sacada del cajón de un guionista de Hollywood. Era la historia de un chaval sin estudios que, a golpe de talento, se había convertido en uno de los diseñadores de software más admirados del mundo. Ese día, sin embargo, Pablo descubrió que el mundo no funciona igual que las películas con «happy end» incorporado. Sin aviso previo, se topó con una demanda de trece millones de euros a cargo de la industria del disco, que le acusaba de estar hundiendo el sector con sus popularísimos programas de intercambio de música.
Un año después, el asunto está a punto de llegar a los tribunales. Para muchos, se trata del juicio contra la «piratería» más importante de nuestra historia: una especie de «caso Napster» a la española. De ahí que las multinacionales se hayan volcado: si ganan la demanda, supondría un punto de inflexión en la lucha contra el trapicheo de canciones on-line. Y, a su vez, el caso ha convertido a Soto, de 29 años, en el ídolo de los militantes de la «cultura libre», que denuncian que las «majors» del disco se ceban con él para achantar al resto.
No soy un héroe
Desde su modesta oficina madrileña, Pablo asegura que nunca tuvo vocación de héroe. Para él, su pulso con la industria discográfica es una secuela inesperada de su pasión por el software. Ya lo demostró con sólo ocho años, cuando diseñó un programa de gestión de clientes para su tío, que entonces trabajaba en el Banco Hipotecario. En aquella época, sólo una cosa igualaba su pericia con las maquinitas: su capacidad para catear exámenes. De ahí que, con sólo 16 años, dejara los estudios y se pusiera a trabajar: primero como camarero y, al cabo de un par de meses, como informático en diversas empresas.
En sus ratos libres, Pablo se puso a hurgar en una tecnología que empezaba a despuntar a finales de los 90: el P2P. Este sistema permite que los usuarios intercambien todo tipo de archivos (canciones, vídeos, fotos…) a través de la red. Su primera criatura fue Blubster, un sencillo programa que, en cuestión de semanas, se convirtió en un «hit» entre los internautas. «De repente, me llamó un amigo y me dijo: “Oye, Pablo, que llevas tres millones de descargas”», recuerda Soto, el pequeño de ocho hermanos. «Imagínate: tenía 20 años y era algo que hacía en ratos sueltos».
El éxito le animó a montar su propia empresa y lanzar diversas variantes del programa, como Piolet o Manolito. Y el crecimiento fue espectacular: ya lleva 25 millones de descargas de su software. En cualquier momento del día, entre 70.000 y 250.000 inter- nautas están usando uno de sus programas. Estas cifras le permitieron codearse con gigantes del p2p como Emule, Kazaa o Audiogalaxy. Para sus «fans» era I+D en estado puro, pero no para las multinacionales del disco, que contrataron un detective y, tras acumular pruebas, presentaron una demanda sin precedentes.
En un escrito de más de cien páginas, los demandantes le acusan de «una conducta parasitaria» para aprovecharse de obras ajenas. Según ellos, el programador incitó a sus usuarios a intercambiar archivos protegidos por derechos de autor usando su software. Y, para reparar estos daños, exigieron 13 millones de euros: la cantidad que habrían facturado si cada uno de los usuarios hubiese comprado una canción de su propiedad.
Un dilema jurídico
El caso plantea un intrigante dilema jurídico: si el creador de un programa debe responsabilizarse del uso que le den sus clientes. Para los abogados de Soto, la respuesta es evidente: es como «empapelar» al fabricante de un cuchillo con el que se comete un asesinato. Además, recuerdan que el p2p tiene aplicaciones que no vulneran la propiedad intelectual:por ejemplo, cada vez más empresas lo usan para transmitir datos de forma rápida y segura.
Mientras, las discográficas responden con una analogía similar: «Aquí el demandado vendería armas a quien no tiene licencia para usarlas», explica Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la asociación que representa a la industria del disco. «Se lucra con ello y queda probado que, al menos en nueve de cada diez casos, el arma se utiliza para cometer un crimen. ¿Debemos permitirle que siga vendiendo y desplace la responsabilidad a sus clientes?».
Hemorragia de ingresos
En el fondo, la demanda refleja el choque inevitable entre dos formas de entender el negocio musical. En el modelo tradicional, las discográficas ofrecían cuatro servicios a los músicos: detectar nuevos talentos, grabar sus discos, llevarlos a las tiendas y controlar su promoción. Todo esto cuesta mucho dinero, así que la hemorragia de ingresos del p2p amenaza su supervivencia: según ellos, el año pasado se descargaron 2.000 millones de canciones de forma ilegal. «Es importante que la gente tome conciencia de la importancia de pagar por la música grabada para que siga existiendo», argumenta Guisasola.
Frente a esto, está el patrón que defiende Pablo Soto, que también es músico y tiene su propia compañía: Blubster Records. Por primera vez, los artistas pueden prescindir de los servicios de las discográficas tradicionales. Gracias a las nuevas tecnologías, los músicos se dan a conocer y promocionan sus propios lanzamientos. El p2p les sirve para distribuir su música, una forma de promoción de su gran fuente de ingresos: el directo. «El problema de las discográficas es que la tecnología las vuelve irrelevantes», dice Soto. «Me acusan de arruinar a los músicos, pero quienes realmente les matan de hambre son quienes les fuerzan a firmar contratos leoninos».
A partir de este martes, el juez deberá analizar los méritos de ambas partes. La batalla se prevé feroz: lo más probable es que el caso llegue al Tribunal Supremo y la sentencia definitiva tarde años. Hasta entonces, Soto vivirá instalado en la incertidumbre. Desde que recibió la demanda, está volcado en ganar el caso. Por eso, ha tenido que paralizar sus proyectos y despedir a cuatro de sus ocho empleados. «Imagina que cuatro multinacionales contratan al mejor despacho de abogados y te piden 13 millones de euros: aunque sepas que tienes razón, esa noche no duermes», explica uno de sus abogados, Javier de la Cueva.
La presión se nota en el fatigado rostro de Soto, que padece distrofia muscular. Dice que no ha buscado esta batalla: sería más feliz en su cuarto, tramando nuevos programas. Pero el destino lo ha querido así y lo asume sin quejarse. «Es un trago desagradable, pero lo acepto porque es una batalla importante», asegura. «Gracias a internet, las discográficas no podrán convencernos de que Bisbal o Ramoncín son la verdadera cultura popular».
El precedente de agujero.com
La incertidumbre es máxima ante el juicio de Pablo Soto: nunca antes se había empleado la vía civil contra las descargas en nuestro país. Así, la sentencia sentará un precedente muy valioso para los casos que vayan llegando a los tribunales. El único precedente se produjo esta semana, cuando un juzgado de Barcelona rechazó tomar medidas cautelares contra la página Agujero.com, demandada por la SGAE por contener enlaces a material protegido. No se trata de una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí un indicio de que quizá la vía civil tampoco sea la salvación que buscan desde hace años los defensores de los derechos de autor.
La maraña legal de las descargas
- La demanda contra Pablo Soto es la primera que llega a juicio en España por la vía civil. Hasta ahora, los detractores del P2P se habían centrado en la vía penal sin excesivo éxito.
- Según los tribunales, intercambiar archivos es legal, siempre que no exista ánimo de lucro. Éste fue el detalle que permitió el sobreseimiento de las denuncias contra páginas de enlaces como Sharemula.
- La única condena por lucrarse por el p2p se produjo el mes pasado. El administrador de InfoPSP aceptó una condena de seis meses de cárcel por ofrecer enlaces a contenidos protegidos. Así, evitó una demanda civil como la que ahora afronta Soto.
- La vía civil es la gran esperanza de los enemigos del p2p. Por eso, la demanda contra Soto resulta tan importante.
Fuente: La Razon
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